Comentario

La matanza de los abogados de Atocha provocó numerosas muestras de solidaridad, a la vez que demostró que el PCE era capaz de controlar a sus masas y actuar de una manera extremadamente responsable. En efecto, el entierro de los militantes comunistas tuvo una repercusión política importante y sirvió de una manera decisiva para la legalización de su partido. A partir de entonces se dio la paradoja de que las fuerzas de orden público de un Estado que no reconocía la existencia legal del PCE se utilizaban para proteger a algunos de sus miembros.
La legalización del Partido Comunista tuvo lugar el día 9 de abril de 1977, en plena Semana Santa. Desde diciembre de 1976, en realidad, el PCE estaba en una situación de tolerancia. En febrero de este año había regresado del exilio su principal dirigente, Santiago Carrillo, permaneciendo oculto aunque también mantenía contactos con la oposición. Por su parte, el Rey, a través del presidente de Rumania, le hizo llegar el mensaje de que tuviera paciencia y evitara la confrontación en la calle. No obstante, Carrillo pretendió forzar algún tipo de reconocimiento del PCE por el procedimiento de dejarse ver por la capital. Su detención en los últimos días de diciembre de 1976 se explica por la necesidad que tenía el Gobierno de Adolfo Suárez de demostrar su autoridad y su eficacia policial. Carrillo tan sólo estuvo detenido una semana y, durante ella, el Gobierno tuvo la tentación de enviarle fuera de España, sin tener en cuenta que esa medida era incompatible con un Estado de Derecho. Finalmente fue liberado y de hecho su partido adquirió la condición de definitivamente tolerado.

Con toda probabilidad los dirigentes gubernamentales de la transición pensaron en un principio, por temor a la reacción militar, no legalizar al Partido Comunista hasta después de las elecciones. Este caso demuestra hasta qué punto la transición fue un complicado proceso en el que se entrelazaron de forma sucesiva las posturas de Gobierno y oposición. El PCE, aunque con poca ayuda del resto de los partidos de la oposición, continuó insistiendo en su legalización y, finalmente, Suárez acabó aceptándola en el momento preciso. El presidente del Gobierno tuvo un primer encuentro secreto con el secretario general del PCE en casa de un amigo común. La conversación fue muy fructífera, no porque se llegara a acuerdos precisos sino porque se produjo un entendimiento entre los dos políticos que duraría todo el período de la transición. Sin embargo, una prueba de la complejidad de la situación es que, al día siguiente de la entrevista, el Gobierno Civil de Madrid prohibió un acto que los comunistas intentaron convocar ocultándose tras una denominación inocua.

Por el momento, el Gobierno intentó evitar una cuestión especialmente espinosa para él y remitió al Tribunal Supremo la decisión acerca del carácter supuestamente totalitario del PCE. Mientras tanto, la propia evolución de la opinión pública hizo necesaria la legalización que daría veracidad a todo el proceso. Las encuestas de opinión del mes de marzo arrojaron un 40% de la población a favor de la legalización y un 25% en contra, pero el mes siguiente ya los porcentajes eran 45 y 17, respectivamente.

El Tribunal Supremo devolvió la pelota al Gobierno a principios de abril, transmitiéndole la decisión de legalizar el PCE. Suárez decidió la legalización el 9 de abril, un Sábado Santo en que, por ser vacaciones, era menor la capacidad de reacción de la clase política y de la prensa. Sin duda fue la decisión más arriesgada de toda la transición política, una auténtica obra de artesanía desde el punto de vista jurídico. La falta de decisión del Tribunal Supremo le sirvió al Gobierno para adoptarla. Lo peligroso fue que la legalización podía suponer un inmediato contragolpe por parte de la derecha. El propio Fraga, con una actitud desafortunada, calificó lo sucedido como "un verdadero golpe de Estado", aunque con el transcurso del tiempo acabaría por rectificar. Pero lo peligroso era la influencia que podía tener no sólo en los cuarteles. En este momento hubo una tensión grande en los altos mandos militares que se mostraron contrarios a la medida, aunque la aceptaran por "disciplina y patriotismo". Afortunadamente, el Ejército no tenía una cabeza dirigente ni una voluntad política precisa en estos momentos. El almirante Pita da Veiga dimitió como ministro de Marina produciendo la segunda crisis militar de la transición.

A lo largo del mes de abril continuó la vertiginosa labor del Gobierno. Poco antes de la legalización del PCE había decidido la desaparición del Movimiento Nacional, cuyo ministro pasó a ser secretario del Gobierno. Su estructura burocrática se integró en la Administración, como ella quería y aceptaba la oposición. El 25 de abril Adolfo Suárez hizo un viaje oficial a México, país opuesto tradicionalmente a la dictadura de Franco. Unos días después, a comienzos de mayo, anunció su deseo de presentarse a las elecciones.

Ya era posible percibir un balance netamente positivo de la legalización del Partido Comunista que, en sus mítines, hizo abandonar la bandera republicana a aquellos que todavía la portaban. Entretanto, el Gobierno fue logrando unos resultados aceptables en su lucha contra el terrorismo. ETA asesinó a un presidente de Diputación y continuó manteniendo a su favor a una parte de la opinión pública vasca, pero la policía actuó de manera eficaz contra los GRAPO o la extrema derecha. Pero la poca comprensión de los políticos del régimen por los sentimientos de catalanes y vascos mantuvo las tensiones: el propio presidente Suárez no aceptó el uso de la ikurriña e hizo unas declaraciones despectivas acerca de la capacidad del catalán para la ciencia moderna.